Agosto 2021 / BLOG
Biden marca el impulso del gobierno para promover la competencia
No obstante, cambiar las normas y las leyes no es sencillo y llevaría tiempo
El nombramiento de puestos clave por parte del presidente estadounidense Joe Biden y la reciente orden ejecutiva centrada en «promover la competencia en la economía» indica que su administración apoya fuertemente una revisión gubernamental de las políticas antimonopolio y de regulación, para hacer frente a cualquier daño que puedan causar las prácticas anticompetitivas y los altos niveles de concentración sectorial. Creemos que esta orden ejecutiva muestra un cambio en el enfoque del gobierno sobre la consolidación sectorial, evolución que podría conducir a revisiones más duras de las combinaciones de negocios propuestas, plazos más largos para cerrar acuerdos y más condiciones que cumplir para la aprobación de las transacciones.
No sorprende que la orden ejecutiva aborde dos áreas de gran interés: el poder de las plataformas tecnológicas dominantes y el problema del aumento de los costes sanitarios. Pero la orden ejecutiva también alentó medidas regulatorias para abordar los problemas relacionados con la consolidación y la competencia en distintos sectores, incluyendo telecomunicaciones, agricultura, banca y transporte. Vemos la posibilidad de riesgos mediáticos y cambios graduales en las prácticas empresariales, ya que esta orden ejecutiva introduce un escrutinio más riguroso para determinados sectores. Creemos que los inversores deberán seguir de cerca el proceso normativo, teniendo en cuenta que una reforma legislativa y regulatoria integral requeriría el acuerdo de ambos partidos y probablemente se tarden años para elaborar la normas.
Los nombramientos sugieren un enfoque antimonopolio más riguroso
Hay señales diversas que apuntan a que las plataformas tecnológicas de megacapitalización se enfrentan a un mayor escrutinio regulatorio. Hay que considerar los siguientes nombramientos como clave en la Casa Blanca y en las agencias reguladoras: Jonathan Kanter, designado para dirigir la división antimonopolio del Departamento de Justicia, la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Lina Khan, y Tim Wu, nombrado para el Consejo Económico Nacional), han manifestado todos ellos críticas de tipo legal y regulatorio respecto a las prácticas comerciales de los gigantes tecnológicos.
Se dará gran importancia a las estrategias que estos nombramientos utilicen para abordar el daño que se considera que ha causado la influencia de las mayores empresas tecnológicas. Pero los nombramientos de Biden emplearían técnicos reguladores cualificados y motivados para incrementar el escrutinio antimonopolio en todos los sectores.
La orden ejecutiva muestra amplitud
La orden ejecutiva del presidente Biden sugiere 72 iniciativas diferentes a través de las cuales más de una docena de agencias federales podrían emprender la elaboración de normas para frenar prácticas que se consideran perjudiciales para los consumidores y que impiden la competencia.
Entre lo más destacado está alentar a la FTC a establecer normas sobre la recopilación de datos por parte de empresas tecnológicas y tomar medidas enérgicas contra prácticas potencialmente injustas que perjudican a las pequeñas empresas que utilizan estas populares plataformas para la venta a clientes. Dentro del sector salud, la orden ejecutiva insta al Departamento de Salud y Servicios Humanos a emitir un plan para reducir el precio de los medicamentos en un plazo de 45 días, aplicar la legislación aprobada anteriormente para abordar las facturas sorpresa en los hospitales y adoptar otras medidas para abordar la asequibilidad de la asistencia sanitaria.
Otras recomendaciones notables de la orden ejecutiva incluyen facilitar el cambio de proveedor de servicios de telecomunicaciones y reducir los costes para el consumidor, mejorar la transparencia de las tarifas de transporte aéreo y marítimo, facilitar que los agricultores puedan demandar a las grandes procesadoras agrícolas por pagos insuficientes y otras prácticas abusivas, y restringir el uso de cláusulas de no competencia.
También destaca de manera prominente en la orden un mayor escrutinio de las fusiones y adquisiciones, con vistas a limitar la concentración sectorial. Las posibles implicaciones para los inversores incluyen un proceso de revisión más riguroso para fusiones y adquisiciones, así como condiciones más exigentes para la aprobación de acuerdos.
Pero las ruedas del cambio siguen siendo las mismas y siguen girando lentamente
La orden ejecutiva en sí no contiene mecanismos de aplicación, pero insta a las agencias federales a adoptar políticas más progresistas de acuerdo con las autoridades normativas a su disposición bajo la legislación actual. Sin embargo, el desarrollo de estas normativas llevará tiempo. El proceso de elaboración de normas puede extenderse de varios meses a varios años y el reto de coordinar las diferentes agencias puede retardar el progreso.
En combinación con los nombramientos de Biden para puestos clave en la Casa Blanca y las agencias reguladoras federales, la orden ejecutiva nos parece un paso gradual hacia políticas de competencia más progresistas y debería impulsar los esfuerzos políticos, reguladores y legislativos de reforma de la ley antimonopolio estadounidense. En definitiva, los cambios fundamentales en el enfoque del gobierno federal para regular la competencia necesitarían de una legislación que volviera a definir el estándar de «bienestar del consumidor», lo que dejaría en manos de los reguladores la responsabilidad de demostrar el daño al consumidor derivado de prácticas supuestamente anticompetitivas. La reforma de la financiación y del personal de la Comisión Federal de Comercio y del Departamento de Justicia también ayudaría, al igual que la ampliación de la autoridad de los organismos que regulan la competencia.
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Agosto 2021 / MARKETS & ECONOMY
Katie Deal es analista de inversiones que cubre investigaciones legislativas y regulatorias, principalmente enfocadas en políticas públicas nacionales, en la División de Renta Variable de EE.